Culiacán, Sinaloa.- Mientras crecen los cuestionamientos sobre la situación legal del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y la validez de los acuerdos que permitieron su separación del cargo, Morena en Sinaloa optó por mantenerse al margen de la discusión y trasladó la responsabilidad de responder al Congreso del Estado.
El dirigente estatal del partido, Edgar Barraza, reconoció que desconoce los detalles jurídicos relacionados con la licencia otorgada al mandatario y evitó fijar una postura sobre las advertencias hechas por abogados y organizaciones civiles que señalan una posible anomalía institucional derivada del vencimiento de dicho permiso.
“Yo no quisiera hacer un comentario o una postura sin saber específicamente el tema, creo que aquí en este este carácter legal, en ese carácter legislativo, es justamente al Congreso del Estado por lo que hay que esperarlos”, declaró.
La polémica se ha centrado en la exigencia de diversos colectivos para que se transparente el procedimiento mediante el cual se autorizó la licencia de Rocha Moya, así como en los señalamientos sobre la posible existencia de dos figuras con atribuciones relacionadas al Ejecutivo estatal: un gobernador con licencia y una gobernadora interina en funciones.
Pese a ello, Morena evitó profundizar en el tema y sostuvo que serán los legisladores quienes deberán aclarar cualquier interpretación legal.
Sobre las voces que han planteado incluso la desaparición de poderes en Sinaloa, Barraza rechazó esa posibilidad y salió en defensa de la administración encabezada por Geraldine Bonilla.
“Geraldine Bonilla está haciendo un buen papel, está en coordinación con todas las fuerzas federales, e incluso la vimos dando la atención allá en el municipio de Escuinapa, por los hechos ocurridos y ha ido también cuando fue el tema de la plaza de Mochis de manera directa… no veo porque pedir o solicitar eso”, afirmó.
Según el dirigente morenista, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno demuestra que existe estabilidad institucional en la entidad, pese a los cuestionamientos que persisten sobre la situación legal de la titularidad del Poder Ejecutivo.
En otro tema, Barraza respaldó las acciones de revisión emprendidas tras las elecciones en Coahuila, al considerar que existen indicios que podrían apuntar a mecanismos de compra masiva de votos vinculados al uso de códigos QR.












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