La “falla de San Andrés” se abre sobre el gobierno de Sinaloa. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) ha puesto en la mira a funcionarios de alto nivel del Estado y Federales, entre ellos al gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico y la operación de una red de protección institucional.
De acuerdo con la información difundida, las acusaciones incluyen conspiración, tráfico de drogas y delitos con armas de fuego, cargos que en el sistema estadounidense suelen ser la antesala de procesos judiciales de gran escala… o de crisis políticas mayúsculas.
En la lista de señalados aparecen figuras clave del aparato estatal: desde el Senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, hasta mandos de procuración de justicia, y el propio alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Si se confirma, no se trataría de casos aislados, sino de un posible entramado con alcance institucional.
El expediente, según estas versiones, se habría detonado tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, y se alimenta de señalamientos que vinculan a actores políticos con hechos de alto perfil, como el asesinato del diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda. Un punto especialmente delicado, donde la línea entre justicia y narrativa criminal se vuelve difusa, datos que cobra relevancia también con la reciente supuesta revocación de la visa del mandatario Estatal .
Hasta ahora, el silencio oficial pesa. El gobierno estatal no ha fijado postura, y tampoco han emergido documentos públicos que confirmen formalmente las acusaciones en cortes estadounidenses. Pero la sola mención de la SDNY —una fiscalía conocida por no moverse sin sustento— basta para encender alarmas.
En un estado marcado históricamente por la sombra del Cártel de Sinaloa, la pregunta ya no es solo qué tan profundas podrían ser estas acusaciones, sino qué tan preparado está el sistema político para resistirlas.
Hasta el momento el silencio deja mucho que pesar, y el terreno es incierto.
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